Porque difundir estas cosas nos parece que favorece la comprensión de la mundividencia aborigen o campesina como parte constitutiva de nuestro proceso cultural e identidad, y porque no se trata de generar empleo o riqueza a cualquier costo sino se trata de respetar al otro y de atender modos de producción diferentes con un especial cuidado de nuestro medio ambiente y costumbres, compartimos con ustedes una gacetilla de prensa que nos llegó a turevuelta@yahoo.com:
EL MOVIMIENTO CAMPESINO DE CÓRDOBA CONSTRUYE EL "RANCHO DE LA RESISTENCIA CAMPESINA"
LA RESISTENCIA CAMPESINA EN UN CAMPO QUE HABÍA SIDO DESALOJADO
En el marco del Plan de Lucha iniciado en mayo de este año, el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) lleva adelante una retoma de tierras en el campo de las 8 familias desalojadas el 31 de marzo, en la Comunidad El Simbolar Departamento Cruz del Eje.
A través de esta acción se exige a la Justicia Federal que haga lugar al recurso presentado para levantar la medida de desalojo, ya que aún sin existir sentencia, e impunemente, como medida preventiva, se desalojaron y demolieron con topadoras las casas que habitaban estas familias.
Se exige también a los poderes provinciales que generen un marco de respuestas amplio para la problemática de la tierra en Córdoba que tiene que incluir medidas drásticas, como la inmediata restitución de los campos a las familias desalojadas en El Medanito (Dpto. Pocho) y Esquina del Alambre (Dpto. Ischilín) y la suspensión por tiempo indeterminado de los desalojos rurales, hasta tanto se sustancie un mecanismo integral para la protección de las familias campesinas.
Es hora de que el Estado deje de poner su estructura en función de intereses y ambiciones desmedidas de empresarios de multinacionales y extranjeros, como los que promovieron el desalojo de las familias de Esquina del Alambre, y comience a reconocer los derechos de las familias campesinas a tener una vida digna.
El perfil de los "desalojadores"
Sólo un ejemplo de quienes motorizan los desalojos en el norte de nuestra provincia son Javier Bertrán Esteller, empresario de la multinacional Cerro Negro, que vive en Buenos Aires, y que desconoce absolutamente el valor de la tierra para las familias que la trabajan, ya que para él es sólo una "cosa" sujeta a las leyes del mercado. O el caso de Jaques Charriere, conocido como "el Suizo", quien se viene adueñando desde hace unos pocos años de más de 17.000 hectáreas en el Dpto. Cruz del Eje, a costa de "encerrar" y desalojar familias que viven de la tierra.
Estos empresarios cuentan con la complicidad de Jueces de Paz, la fuerza pública y el Juez Federal Dr. Ricardo Bustos Fierro, a cargo de la causa de Esquina del Alambre. Por omisión también son cómplices los funcionarios de la Unidad Ejecutora del Programa Tierras para el Futuro, entre quienes se encuentra Isaac López, quienes prometiendo intervenir ante estos casos de desalojos de poseedores brillan por su ausencia.
La situación general
La gravedad del despojo de las tierras en la provincia de Córdoba alcanza proporciones alarmantes, desde finales de los años '80 disminuyeron en un 36% la cantidad de explotaciones agropecuarias familiares.
En este marco, desde el año 2000 se vienen sancionando leyes tendientes a dar solución a los conflicto relacionados a la tierra. Las mismas no sólo son insuficientes a tales fines, sino que el sector campesino sigue siendo víctima de atropellos de sus derechos, como es el caso de la familia Calderón (Dpto. Pocho), Doña Ramona Bustamante (Dpto. Río Seco) o la familia Rivero (Dpto. Ischilín). Con sentencias de desalojo que a todas luces resultan ilegítimas ya que promueven la expulsión de más familias del campo a causa de falta de políticas públicas claras tendientes a dar una solución definitiva al problema de acceso a la tierra. Y dejando en total desprotección a las familias campesinas que en forma cotidiana se encuentran amenazadas de ser expulsadas injustamente de las tierras donde han vivido durante generaciones.
Soluciones que no llegan
Para solucionar este problema el gobierno de la provincia legisla la ley 9.150 ó de Registro de Poseedores, en el marco del Programa Tierras para el Futuro, ley que supuestamente encaminaría esta situación. La ley fue dictada en Febrero de 2004, han transcurrido más de dos años de su entrada en vigencia, y aún no se ha inscripto a un sólo poseedor. Lo expuesto hace dudar acerca de su efectividad, lo que lleva a concluir indefectiblemente que esta ley no ha mejorado en nada la situación de los poseedores. Muestra de esto es que a la fecha el MCC ha presentado más de 300 registros en la Secretaría de Justicia, que no han tenido tratamiento, de acuerdo a los plazos establecidos. Los conflictos se han incrementado debido al mecanismo de los trámites y estos no generan garantías jurídicas de ningún tipo, a pesar de que la ley prevé un presupuesto para realizar las mensuras posesorias y posterior escrituración gratuita.
Todo ello se suma al estado de inseguridad total que genera lo acontecido en el Registro Provincial de la Propiedad donde se está constatando una estafa multimillonaria, que involucra a abogados, escribanos, particulares y funcionarios del mismo registro y la Unidad Ejecutora de la mencionada ley 9.150, quienes habrían fraguado los títulos de propiedad de inmuebles rurales, elemento que constituye la principal prueba que toman los diferentes juzgados de la provincia, para ordenar los desalojos de los poseedores reales de la tierra. También es reconocido el desempeño de algunos jueces de paz quienes producen constataciones irregulares, luego utilizadas por la justicia para fundamentar los desalojos.
La realidad campesina
Es evidente que esta situación se agrava por diversos factores: el avance de la frontera agropecuaria, el alto valor que adquirieron los inmuebles rurales en los últimos tiempos, e intereses y maniobras especulativas que persiguen la apropiación de tierras poseídas por familias campesinas. En los últimos años se ha acentuado una política - judicial - desde el gobierno, tendiente a criminalizar la legítima defensa del derecho a la tierra por parte de sus poseedores. Este proceso tiene su correlato en la imputación de más de 60 campesinos organizados.
Como consecuencia de lo anteriormente descripto, el MCC viene trabajando para denunciar la desigualdad ante la ley, difundir las injusticias padecidas y llamar la atención a la sociedad en general, sobre los atropellos que este sector debe soportar de parte del Poder Judicial, al criminalizar la legítima defensa de sus derechos y de los Poderes Ejecutivo y Legislativo por no tener políticas claras y efectivas tendientes a resolver estos conflictos sociales.
MOVIMIENTO CAMPESINO DE CÓRDOBA
MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDÍGENA
